La Universidad de Copenhague fue la sede del Congreso Científico Internacional llamado “Cambio climático: riesgos globales, desafíos y decisiones”, llevado a cabo entre el 10 y el 12 de marzo de 2009.

El objetivo del congreso fue sintetizar el conocimiento científico y tecnológico, así como las políticas necesarias para asegurar la sostenibilidad, sugiriendo estrategias de mitigación y adaptación que sean capaces de responder a los cambios.

Entre las conclusiones a las que llegaron se puede destacar que las últimas observaciones demuestran que los peores escenarios modelados por el Panel Internacional de Expertos en Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) están siendo superados, y existe el riesgo de continuar acelerando esta tendencia.

Además se tocó el tema social, y la preocupación existente ya que, si bien todas las sociedades son muy vulnerables a los cambios climáticos, las comunidades más pobres se enfrentan a mayores riesgos. Mencionaron la importancia de tomar en cuenta los principios de equidad, entre países, regiones y también entre generaciones.

Si bien se trataron diversos temas una frase destaca sobre todo el manifiesto: No hay excusas para no actuar.

El aumento del uso de la energía hidroeléctrica, posibilitado por las lluvias de las ultimas semanas, ha permitido una menor dependencia de las centrales de carbón en la generación de energía en España. A esto hay que sumar el alto precio de la tonelada de CO2 (26 euros) que han de pagar las industrias y empresas que sobrepasen los niveles de emisiones permitidos por el Protocolo de Kioto.

Por todo ello, las emisiones de CO2 generadas por el sector eléctrico español durante los cinco primeros meses del año se han reducido un 10% respecto al mismo período del 2007, según datos del Observatorio de la Energía de WWF Adena. Aún así, la ONG conservacionista lamenta el aumento de generación de electricidad (5,3%) y pide a los ciudadanos que sean más eficientes en su uso.

Una de las consecuencias más dramáticas del cambio climático es el deshielo de los casquetes polares, lo que está abriendo nuevas rutas, antes innaccesibles, en el Ártico, donde se calcula que se encuentran una cuarta parte de las reservas de petróleo y gas del planeta. Es decir, que con el deshielo se va a poder extraer crudo de mares innaccesibles hasta ahora.

El tema no ha pasado desapercibido para los cinco países que históricamente, y por su proximidad geográfica al Polo Norte, se disputan la propiedad de las aguas del Ártico, que cuenta con 1,2 millones de kilómetros que no están somedos a la soberanía de ningún país. Dinamarca, Noruega, Rusia, Estados Unidos y Canadá acaban de celebrar una conferencia en Groenlandia para iniciar conversaciones y ver como se reparten el pastel.

Los países implicados han pactado que, por el momento, se regirán por la Convención de la ONU sobre el derecho del Mar, aunque todos han empezado a tomar posiciones. La alarma saltó el pasado mes de agosto, cuando una supuesta misión científica rusa fue interpretada como una estrategia del gobierno de Putin para legitimar sus derechos sobre el Ártico.

En el Ártico hay mucho petróleo y seguro que los países vecinos de la zona no dejarán pasar la oportunidad de asegurarse el mayor crudo posible ante las perspectivas de escasez del mercado, lo que está provocando un incremento del precio del barril.

La propuesta la realizó el presidente peruano, Alan García, en la última cumbre entre América Latina, la Unión Europea y el Caribe. El objetivo es compensar el daño ecológico que los combustibles y el uso de hidrocarburos causan a los ecosistemas y a fenómenos como el cambio climático.

El debate se centra en la necesidad de cargar con un impuesto adicional al petróleo y el gas para crear un fondo económico que permita reforestar las zonas más afectadas de Lationamérica por la tala masiva o los incendios provocados en bosques tropicales y de otras latitudes.

Organizaciones conservacionistas denuncian que la deforestación está creciendo por la proliferación de cultivos destinados a producir biocombustibles, como en el caso del etanol y el maíz. Greenpeace Argentina, por ejemplo, ha criticado que se apueste por biocombustibles con una escasa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y no se incida en tecnologías más limpias y eficientes, como el aprovechamiento del material orgánico que se produce en la industria alimentaria.

La deforestación no sólo genera emisiones de GEI, además reduce la superficie de bosques y selvas, y deja sin superficie a plantaciones y cultivos básicos para la alimentación de la población local y mundial.

El siguiente mapa muestra las zonas que han tenido cambios netos en el área de bosque, entre los años 2000 y 2005. Un cambio “neto” se refiere a que se tiene en cuenta la diferencia entre los que se ha ganado en superfície (p.e. por reforestación), y lo que se ha perdido (p.e. conversión de bosque a agricultura). Un aumento neto está marcado en verde, y una pérdida neta está marcada en rojo. De nuevo podemos ver cómo las zonas con más tasa de deforestación se encuentran en América del Sur, en África y en Asia.

El informe anual de Comisiones Obreras y el World Watch Institute señala que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España crecieron un 1,8% en 2007, una cifra que puede parecer no muy elevada pero que es desastrosa si cogemos como referencia el Protocolo de Kioto.

Este acuerdo fija para España un aumento máximo del 15% en sus emisiones de GEI respecto a los niveles de 1990, año de referencia. Con el aumento del 2007, las cifras acumuladas en España desde 1990 hablan de un aumento de las emisiones del 53%, cifra muy lejana al 15% solicitado.

El incumplimiento de Kioto le costará a España cerca de 4.000 millones de euros, cifra que deberá asumirse con los mecanismos de flexibilidad que fija el Protocolo para compensar el CO2 de más emitido por cada país, ya sea con la plantación de árboles, compra de derechos, desarrollo de proyectos limpios, etc.

En el aumento de las emisiones de GEI en el 2007 han tenido mucho que ver el crecimiento del consumo de la energía primaria, el carbón y el gas natural, no tanto el petróleo por su alto precio. El panorama habría sido peor de no ser por la contribución de la energía eólica, que dobló su producción, y ya cubre el 8′7% de la generación eléctrica.

Por sectores, los que más emisiones de GEI han generado son:

- energético: 78′7%, con un incremento del 63,4%
- procesos industriales: 8% (+33%). Aquí se incluye las cementeras e industrias químicas y metalúrgicas.
- agricultura y ganadería: 10,6% (+74%)
- residuos: 2,5% (+74%)
- disolventes y otros produtos: 0,3% (+9%)

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) abrirá un expediente sancionador a la central nuclear de Ascó (Tarragona) por ocultar información sobre su incidente, que inicialmente se había situado en el nivel 1 de la escala internacional. El CSN ha situado ahora la alerta en el nivel 2 y ha pedido que se realicen mediciones a las 700-800 personas que han pasado por la instalación desde el pasado 28 de noviembre.

La escala internacional que mide las consecuencias de los incidentes o accidentes nucleares va desde el 0 (sin significación para la seguridad) hasta el 7 (accidente grave). El nivel 2 está catalogado como incidente, lo que obliga a medir el impacto radiológico entre la población y los trabajadores. Hasta ahora se han analizado a 579 personas, sin encontrar indicios de ninguna incidencia. El CSN no ve riesgos por el vertido sufrido en Ascó pero si cree que éste fue superior al inicialmente estimado, por lo que sancionará a la dirección de la central de Tarragona.

Este incidente llega en plena polémica por el futuro de las centrales nucleares en España. Los defensores de la nuclear la plantean como alternativa para producir energía sin generar gases de efecto invernadero y no contribuir así al cambio climático. El Gobierno del PSOE, que se había mostrado contrario a prorrogar el ciclo de vida de las nucleares, no las descarta como alternativa ante la escasez de energía, según se desprendió del discurso de investidura de Zapatero.

La Generalitat de Cataluña ya ha tomado medidas para que la escasez de agua por la sequía obligue a realizar cortes y restricciones en el consumo doméstico de agua en verano en las poblaciones del área metropolitana de Barcelona. A partir del próximo mes de mayo, un total de 10 barcos llevarán agua a Barcelona desde Tarragona, Almería y Marsella.

La operación tiene un presupuesto mensual de 22 millones de euros y permite traer hasta 2,6 hectómetros cúbicos de agua, o lo que es lo mismo, el consumo de la región metropolitana barcelonesa en cinco días. El agua se traerá desde Tarragona, desde el entorno de la planta desalinizadora de Carboneras (Almería) y desde Marsella, donde se recogerá agua sobrante de la cuenca del río Ródano.

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Todavía no hay certidumbre científica acerca de la posibilidad y la cronología de un cambio climático abrupto y catastrófico si las temperaturas siguen aumentando. Por esta razón es urgente comenzar a actuar ya mismo para estabilizar el clima mediante una mitigación fuerte y eficaz simultánea con actividades de adaptación para prevenir aumentos de enfermedades previsiblemente relacionadas con el clima. Es esencial que el sector de la salud participe plenamente en los procesos nacionales e internacionales de mitigación y adaptación al cambio climático.

Descargar la Guía “Proteger la salud frente al cambio climático”

El cambio climático tiene amplio alcance, y para una adaptación eficaz al mismo se requerirán alianzas que permitan aprovechar los conocimientos y experiencias de los organismos gubernamentales y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, la industria, grupos de profesionales y comunidades locales. Las decisiones que afectan a la planificación urbana, el transporte, el abastecimiento de energía, la producción de alimentos, el aprovechamiento de la tierra y los recursos hídricos afectan tanto al clima como a la salud. Se requiere colaboración entre todos estos sectores para encontrar soluciones innovadoras y eficaces que estabilicen el clima y protejan la salud.

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Agua limpia y saneamiento, alimentos seguros y suficientes, inmunización, vigilancia de la morbilidad y respuesta a ésta, lucha segura y eficaz contra vectores y preparación frente a desastres son componentes decisivos de las prácticas de salud pública que también constituyen adaptaciones al cambio climático. Es preciso fortalecer estos programas a nivel mundial, concentrando en especial los esfuerzos en las localidades y poblaciones que corren más riesgos, a fin de prevenir daños, enfermedades y defunciones relacionados con el clima.

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